¡Habemus consenso! Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cerraron filas en el Senado para respaldar el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que su iniciativa original no alcanzara los votos necesarios en la Cámara de Diputados.
En un documento, con fecha del 13 de marzo, las senadoras y los senadores firmantes manifestaron su apoyo “total e incondicional” al ‘Plan B’ de la reforma electoral, luego de una serie de negociaciones que se llevaron a cabo en la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con el texto, la propuesta tiene como objetivo revisar los costos del aparato gubernamental y del sistema político, bajo el argumento de que la democracia no depende de estructuras burocráticas costosas, sino de instituciones eficientes que respondan a las necesidades de la población.
El documento también señala que el proyecto busca poner fin a los privilegios que, durante años, han incrementado los costos del sistema político en México.
Además, la propuesta plantea que los recursos que se generen a partir de estas medidas de austeridad (estimados en hasta 4 mil millones de pesos) se destinen a atender necesidades prioritarias en estados y municipios.
En un boletín difundido este sábado, senadoras y senadores del Partido Verde expresaron su respaldo al proyecto de reforma electoral propuesto por la presidenta Sheinbaum y señalaron que existen coincidencias con varios de los planteamientos incluidos en la iniciativa.
Entre los puntos que el PVEM dijo respaldar se encuentran:
El ‘Plan B’ de la reforma electoral es una alternativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum tras el rechazo a su iniciativa constitucional en la Cámara de Diputados. La nueva estrategia consiste en promover cambios a leyes secundarias o medidas administrativas que no requieran mayoría calificada en el Congreso.
Según explicó la mandataria, la propuesta busca reducir privilegios y gastos del sistema político, particularmente en congresos locales y gobiernos municipales, además de fortalecer mecanismos de participación ciudadana como consultas populares.
Entre las medidas planteadas se encuentran establecer topes al gasto de legisladores locales y regidores, disminuir el número de representantes municipales en algunos ayuntamientos y ajustar salarios de funcionarios electorales, con el objetivo de generar ahorros públicos y reorientar recursos a programas y obras locales.


