Sin crecimiento estable y difundido no hay paraíso

Sanas discusiones se están instalando en el debate económico, una vez despejadas la incertidumbre electoral y la probabilidad de un nuevo shock cambiario. Cómo y a qué velocidad abrirse a las importaciones, de qué modo insertar una enorme cantidad de trabajadores precarizados al mercado formal, qué caminos tomar para rentabilizar actividades castigadas sin penalizar el bolsillo de los consumidores. El episodio Fate (y otros tantos) es una buena muestra de este debate. Al final de cuentas, todo se resume en cómo y cuánto crecer, sin desordenar la macro y expandir ese crecimiento a la mayoría de los sectores. Los impactos globales de los episodios bélicos en Medio Oriente, si se extendiesen en el tiempo, tornarían definitivamente imperiosa la cuestión.

El interesado principal en este debate debería ser el propio Gobierno, por dos simples razones. La primera es que sin perspectivas sólidas de crecimiento la recaudación tributaria seguirá en declive, como desde agosto del año pasado, poniendo en duda el pilar fundamental de su política, el superávit primario del sector público nacional. Naturalmente, el margen, y los esfuerzos consecuentes, para ajustar el gasto público es cada día más escaso. Y la segunda razón es que un horizonte recesivo aumenta las chances, todavía hoy bajas, de episodios de conflicto social y, por ende, de menor apoyo electoral.

La retórica pública (“crecimos 4,4% en 2025”) resulta comprensible desde el discurso político, pero puede ser una mala consejera si además fuera una convicción profunda. El porcentaje esconde varias heterogeneidades, conceptos que no pueden llamarse “crecimiento” (impuestos y subsidios, por caso), y actividades que demandan escaso empleo.

Pongamos en perspectiva el estado de los determinantes centrales de la actividad económica. Bajo una mirada convencional podría decirse que variables relevantes como el desempleo abierto, la pobreza o la distribución del ingreso no reflejan grandes diferencias respecto de otros períodos. Y es verdad. Pero, aun así, conviene sumar otros condicionantes para comprender el cuadro general.

Según el Indec, en la actualidad el salario real privado registrado se ubica apenas por debajo de noviembre-2023. Sin embargo, al utilizar la canasta de consumo 2017-18 (la que generó el cambio de conducción en el organismo semanas atrás), se ubicaría más de siete puntos por debajo. Probablemente este hecho explique el porqué del aumento en el pluriempleo y de las horas trabajadas en estos años, con un escenario de caída en la productividad laboral y de incremento de la informalidad en relación con los puestos totales.

Otro hecho destacable de esta taxonomía es que la pérdida salarial resulta mayor en las actividades con ingresos más bajos. La construcción, numerosas ramas industriales y la pesca figuran entre las más castigadas. Por el contrario, gas y petróleo, la minería y los bancos se ubican en el otro extremo, con salarios más elevados y mejoras en el ingreso real. No es casual entonces, que la morosidad en los créditos personales en bancos y en billeteras digitales sea sensiblemente mayor (más del doble) para los niveles más bajos de ingreso.

Atender estas “condicionalidades al crecimiento” sería prudente para el equilibrio macroeconómico, como mencionamos. Los programas de estabilización (éste no parece estar pensado en esos términos, aun cuando el objetivo básico sea bajar la tasa de inflación) en la mayoría de los casos generaron mejoras en el salario real. Israel en 1985, México 1987, la Convertibilidad de 1991, el plan Real brasileño de 1994 son ejemplos claros. La confianza social es la clave para estabilizar expectativas y mejorar las perspectivas.

Superada la fase inicial de ordenamiento fiscal y monetario y desinflación, es natural que el “delivery” de la política económica genere menos impactos positivos y comiencen a aparecer restricciones para crecer. Reducir la tasa de inflación, mejorar los ingresos y el consumo, cuesta más. Operar en este contexto supone creatividad, salir de la caja y asumir riesgos.

La cuestión cambiaria, cuándo no, empieza a ocupar un rol central en el debate sobre el crecimiento. La gimnasia argentina en esta materia enseña tanto que la devaluación no vuelve más competitivos a los sectores ineficientes como que utilizar el tipo de cambio para contener la tasa de inflación es una estrategia de mira corta. La lección impartida en la primera parte de 2025 debiera ser tomada en cuenta por el Gobierno. Si el aumento en los precios es del 2,5%-3% al mes, apreciar nominalmente el tipo de cambio provoca un costo innecesario en los sectores transables, que pierden competitividad, y también en los que producen para el mercado interno, como el desarrollo de viviendas, alentando a la vez el turismo emisivo y la compra minorista de divisas. La tasa de interés no puede bajar, el carry debe seguir y el crédito privado se resiente. Nada nuevo bajo el sol.

Mucha tinta se ha gastado en discutir cuál es el nivel “adecuado” del tipo de cambio para una economía como la argentina. Competitivo y estable, el que surja de las transacciones de mercado (recordemos que aún existe cepo para las tesorerías de las empresas), el que sostenga un déficit externo inferior a dos puntos de producto….Y la lista sigue.

El arte de hacer política económica pasa precisamente por otorgar consistencia y credibilidad al equilibrio cambiario sin tensionar de más el entramado productivo. Así, se volvería más prudente la estrategia del Banco Central, que podría adquirir más divisas en el mercado, fortaleciendo su activo y haciendo que el riesgo país se redujese más rápido, bajaran las tasas y hubiese más pesos en circulación para estimular el crecimiento. Claro, sin financiamiento internacional disponible, el Gobierno también debería aceptar convivir algún tiempo más con estas tasas de inflación.

La previsibilidad cambiaria (que no equivale a un seguro de cambio) mejora las condiciones para evaluar inversiones y proyectar rentabilidad, requisitos básicos para invertir. El nuevo régimen de bandas, a dos meses de funcionamiento, aún no ha logrado otorgar esa certeza.

La cuestión del crecimiento exige una discusión profunda. Vociferar protección a toda costa para los ineficientes con precios internacionalmente ridículos, desde una orilla del debate, o el desamparo absoluto de actividades enteras bajo el argumento de la defensa de los consumidores, desde la otra, desmerecen, minimizan la cuestión. La imprescindible adecuación de los márgenes de beneficio y el reconocimiento de la importancia de los entramados productivos para el desarrollo de las capacidades de innovación, de las cadenas de valor y de la radicación social son aspectos centrales a considerar para consolidar el crecimiento.

La experiencia indica que estas transiciones llevan tiempo. Si se definen con claridad los parámetros de la reconversión y las acciones, por mínimas que fuesen, que el sector público proveerá a los sujetos afectados, el ajuste será menos doloroso y, por ende, más perdurable.