Texto y contexto electoral

Con un mal texto y en un peor contexto, finalmente se presentó la iniciativa presidencial de reforma político-electoral. Un proyecto legislativo que, siendo necesario, el mismo oficialismo se esmeró en complicar, al punto de poner en duda su sentido y destino, como también la alianza de Morena con sus socios de los partidos Verde y del Trabajo.

Por si ello no bastara, el gobierno sometió la propuesta reformista en un contexto en extremo delicado. Justo cuando, en la escala nacional, lo prioritario sería reestructurar el modelo de seguridad y justicia ante el giro dado en la lucha anticriminal y justo cuando, en la escala mundial por el desorden provocado por Estados Unidos e Israel al atacar Irán, lo importante sería considerar una reforma fiscal y tomar las providencias necesarias.

Lo más absurdo del asunto es que, pese a las insinuaciones, las exageraciones y la torpeza con que el gobierno anunció, concibió y operó la reforma político-electoral, el proyecto queda lejos del alcance presumido. Esa reforma no transforma, retoca en algunos aspectos del modelo electoral y el sistema partidista.

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Una paradoja del texto y el contexto electoral es el contraste entre la forma con que la jefa del Ejecutivo conduce la política exterior y la política interior.

Ante el constante amago de Estados Unidos, todo es diálogo, cooperación y concesión que, por momentos, el discurso soberanista y nacionalista no logra justificar. Ante las embestidas de la resistencia cívica y la oposición política doméstica, todo es monólogo, confrontación e imposición que, por momentos, el discurso del poder mayoritario y transformador no consigue legitimar.

La disparidad de la cabeza fría con la cabeza caliente o, como quien dice, entre la aplicación de la inteligencia política y el ejercicio de la fuerza política es inocultable, poniendo en evidencia incongruencia y desequilibrio.

No empata la conducción de una política y la otra. El contraste revela falta de entendimiento de la situación en su conjunto o, peor aún, la ilusión de pensar que la voluntad interna no se ve alterada por la realidad externa. Cuidado.

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En cuanto al texto electoral en sí, llama la atención cómo, con enorme convicción y seguridad, el oficialismo dio los pasos en falso necesarios para frustrar o mediatizar la reforma o, cuando menos, para tropezarse.

No fueron pocos esos pasos. Se anunció desde octubre de 2025 para presentarla año y medio después. Se insinuó su contenido sin perfilarlo en serio. Se le restó integralidad –primero, la no reelección y el antinepotismo; luego, lo demás–, poniendo en guardia a quienes la resistirían. Diez meses después de anunciarla, se creó una comisión exclusivamente con colaboradores presidenciales, marginando hasta los aliados y colocando al frente de ella a un personaje reacio al diálogo y el acuerdo. De las tareas de esa comisión sólo se cumplió el armado de foros y la elaboración de la propuesta de reforma, dejando como enigma el resultado de las supuestas encuestas levantadas sobre el tema y la formulación el diagnóstico sobre el particular. Así, se sometió al Congreso.

Eso no fue todo, se dieron tres pasos más en falso. Enviarla a la Cámara de Diputados, donde a Morena le faltan 81 votos para sacarla adelante, y no al Senado, donde le faltan 19. Presentar sólo el proyecto de reforma a nivel constitucional, pero no reglamentario, o sea y para no variar, estableciendo el qué sin el cómo. Y, en el colmo del absurdo, fijar el 15 de mayo próximo como límite para tener lista la reforma político-electoral. Nomás faltó tronar los dedos.

Lo triste del asunto es que, aun limitada, el proyecto de reforma presenta claroscuros y, algunos de los claros, merecerían ser analizados en serio. Pero se hizo todo para presentarla a fin de ser rechazada. Tanto así que ya se anunció un plan alterno. Ha de ser el Plan “D”, a partir de los cuatro fracasos conquistados.

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En cuanto al contexto se refiere, la circunstancia interna y externa reclama a gritos dos cambios estructurales que el oficialismo olvida o evade: la reforma del aparato de seguridad y justicia, así como la reforma fiscal.

El reconocible giro dado en materia del combate al crimen responde a la coyuntura, pero demanda actuar también sobre la estructura. Si a la par de actuación coyuntural no se reforma el sistema penitenciario, el rol de las fiscalías federal y estatales, así como de las policías estatales y municipales y, desde luego, la fallida (por no decir, fraudulenta) reforma del Poder Judicial, tarde que temprano la violencia criminal resurgirá y desbordará las capacidades del Estado, colocándolo de nuevo contra la pared, por no decir, el paredón. Aunque se anunció esa reforma estructural, duerme el sueño de los justos. Sin ella, no habrá retorno a la normalidad normal, valga el absurdo; se regresará a la anormalidad normal.

Asimismo, la aventura bélica contra Irán desatada por los gobiernos de Estados Unidos e Israel arrastra al mundo a una mayor incertidumbre económica, de la cual México no está exento. La amenaza inflacionaria, el nerviosismo en los mercados, el movimiento en el tipo de cambio y el temor de la inversión advierten, por decir lo menos, el enfriamiento de la economía. Si a ello se añade, aquí, la caída del monto de las remesas, del turismo y los ingresos, a la par de la tensión que genera la renegociación del tratado comercial, más vale pensar en la necesidad de una reforma fiscal.

El contexto obliga a pensar en esas dos reformas, no en el texto electoral.

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Por eso, como dicho en el Sobreaviso anterior, importante distinguir las decisiones de Estado de las de partido y establecer con claridad las prioridades. Rectificar es más revolucionario que persistir en el error.