La guerra de Milei contra la AFA: denuncias, jueces y la sombra de una venganza

La ofensiva del Gobierno contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, ya dejó de ser un conflicto administrativo o una disputa retórica. Se convirtió en una trama judicial y política de múltiples capas, en la que confluyen intimaciones contables, ampliaciones de denuncias penales, presentaciones ante organismos internacionales y un trasfondo que en la Casa Rosada se comenta en voz baja pero nadie niega: la hipótesis de una cruzada personal de Javier Milei, leída como una revancha por el impacto que tuvo el caso ANDIS en el corazón del poder libertario.

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la CONMEBOL por el supuesto desmanejo en la AFA

La serie de movimientos se desarolla en varios flancos. El más reciente fue coordinado y de alto voltaje. El Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), intimó a la AFA y a la Liga Profesional de Fútbol a explicar sus balances contables y financieros, con pedidos de documentación que alcanzan cifras extraordinarias: más de US$111 millones en el caso de la AFA y US$ 340 millones en el de la Liga. El mensaje fue explícito: se exigirá a ambas entidades el mismo estándar de rendición que a cualquier asociación civil sin fines de lucro, bajo advertencia de sanciones severas para las instituciones y sus directivos si no cumplen en el plazo de 20 días.

La intimación no se limita a un ejercicio puntual. Incluye balances pendientes desde 2017 hasta 2025, asambleas celebradas fuera de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, la intervención irregular de funcionarios bonaerenses en actos societarios, y una batería de requerimientos vinculados a la Universidad de la AFA (UNAFA): actas de constitución, estatutos, convenios con universidades públicas y privadas, escritura del inmueble donde funciona la sede y comprobantes de pago, incluso en moneda extranjera.

Casi en simultáneo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió una denuncia penal en trámite por retención indebida de tributos y aportes previsionales, presentada ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5. $11.759 millones es el monto sumado a lo ya investigado, que se eleva a un total bajo sospecha de más de $19.300 millones. Los períodos cuestionados abarcan desde marzo de 2024 hasta julio de 2025 y se concentran en tres rubros: retenciones de IVA, impuesto a las Ganancias y aportes y contribuciones a la Seguridad Social.

Desde la AFA, la respuesta es de confrontación abierta. Denuncian una “evidente persecución política”, apuntan contra el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, contra la senadora Patricia Bullrich y contra legisladores oficialistas, y sostienen que el objetivo final del Gobierno es intervenir la entidad y avanzar con las Sociedades Anónimas Deportivas, en contra del modelo asociativo del fútbol argentino.

Laberintos judiciales

La ofensiva oficial, sin embargo, no terminó ahí. Se completó esta semana con una presentación internacional. A través Bullrich, el Gobierno denunció a la cúpula de la AFA ante el Tribunal de Ética de la CONMEBOL por presuntas violaciones al Código de Ética y a las políticas anticorrupción. Allí se pidió una investigación preliminar sobre un entramado de sociedades, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que, según el oficialismo, comprometen los estándares de “buena gobernanza” exigidos a una federación miembro y apunta directamente contra el tesorero Pablo Toviggino.

Ese planteo dialoga con una investigación más profunda que se tramita en el Juzgado Penal Económico N°10, a cargo de Marcelo Aguinsky, centrada en la firma Real Central SRL y en dos presuntos testaferros. Entre los activos bajo análisis figura una propiedad de más de diez hectáreas en Villa Rosa, partido de Pilar, con estancia, helipuerto, instalaciones deportivas y vehículos de lujo.

En ese mismo expediente se cuestionan contrataciones directas, como la adjudicación a Malte SRL por unos USD550.000 para completar la instalación del sistema VAR, y se subraya la existencia de vínculos personales y societarios con exautoridades de la AFA. El cuadro se agrava con las pesquisas federales en Lomas de Zamora, donde la fiscal Cecilia Incardona investiga un esquema de retornos y triangulaciones financieras que, según la acusación, se habría replicado en al menos 18 clubes del fútbol argentino.

Esa causa tramita ante el juez Luis Armella, pero en el mundo judicial circulan con insistencia rumores de una maniobra para forzar el pase del expediente a manos del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. En el centro de esas versiones aparece un nombre conocido en el mundo judicial del conurbano: el del juez federal de Morón Jorge Rodríguez, señalado como un actor con capacidad de influencia y vínculos estrechos con Tapia. La definición de la competencia está en manos del camarista platense Jorge Di Lorenzo, pero el ruido ya está instalado.

La figura de Rodríguez volvió a quedar bajo la lupa tras su multitudinaria fiesta del 5 de diciembre, organizada en un predio de Bella Vista que pertenece al CEAMSE, la empresa estatal de gestión de residuos de la que Tapia es vicepresidente. El evento, al que asistieron jueces, fiscales, dirigentes políticos y empresarios, reavivó comentarios sobre la promiscuidad entre poder judicial, política y fútbol, justo cuando las causas que salpican a la AFA entran en una etapa sensible.

En ese sentido, la designación de Andrés Vázquez al frente de ARCA puede ser interpretada como una señal interna: el conflicto con Tapia es prioritario para Milei. Y allí reaparece el origen político del enfrentamiento. Para el Presidente, la difusión de los audios del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo, que involucraban a Karina Milei en presuntas coimas, no fue un episodio aislado, sino el punto de quiebre. Aquellas grabaciones circularon desde el streaming Carnaval, un medio atribuido al entorno de Toviggino.

Por eso no es casual que, tras ese episodio que tuvo lugar en agosto, el Gobierno haya denunciado un supuesto espionaje ilegal contra la secretaria general de la Presidencia, causa que tramita ante el juez Julián Ercolini y en la que se habla de una “operación de inteligencia no institucional” para desestabilizar al oficialismo.

Es que la guerra entre el Gobierno y la AFA ya se juega en varios frentes. Y, a diferencia de otras peleas del mileísmo, esta no parece pensada para una retirada ordenada, sino para un choque frontal, aun cuando el costo sea convertir al poder del fútbol argentino en escenario de una vendetta política.

PL/MG