El juicio de destitución de la vicepresidenta Sara Duterte comenzó con dos miembros del Senado mencionando de qué facultad de derecho se graduaron. Más tarde, se hicieron comparaciones desafortunadas entre no abogados y abogados. También hubo sugerencias veladas de que los abogados tendrían una mejor comprensión de lo que estaba por venir. 

Las alusiones pueden haber llevado al senador Panfilo Lacson a publicar sobre un colega “que nos ha estado dando lecciones desde el Día 1 del juicio de destitución, como si, al no ser miembros del colegio de abogados, fuéramos menos juiciosos al emitir un juicio justo”.

A medida que avanzaba el juicio, se recordó a la gente lo que significa “judicializar” un juicio de destitución. Al final del Día 3, el veredicto de la cámara agotada (y del público espectador) era claro. La síntesis del senador Bam Aquino fue acertada: tomó casi nueve horas presentar solo a un testigo. Su petición llamó la atención sobre lo que los abogados en la sala podrían haber pasado por alto. “Si es posible, ¿podemos permitir que se escuchen los testimonios, podemos tener procedimientos que vayan directo al punto, kasi nanonood ang taumbayan?” 

“Nanonood ang taumbayan (la gente está mirando).” Cuando uno dice algo así en referencia a las legalidades que impregnan un procedimiento, suena como una acusación. Pero tiene razón. Los abogados no necesariamente hacen que los juicios de destitución sean mejores. Cuando surgen cuestiones procesales, la perspicacia de los abogados es útil para ordenar el proceso. Pero cuando los abogados importan normas de la sala de audiencias a algo que no está destinado a ser una sala de audiencias, genera ineficiencia y el beneficio de la perspicacia legal cesa. Nueve horas solo para un testigo. No es de extrañar que algunos senadores se quejaran de tener el cuello rígido.

El Senado no es una sala de audiencias

Los redactores de la Constitución podrían haber sometido los juicios de destitución ante la Corte Suprema. En cambio, se lo encomendaron al Senado, donde los jueces provienen de todos los ámbitos de la vida. Es una señal de que la destitución fue diseñada para no quedar atrapada en legalismos. El proceso implica un equilibrio democrático, no determinar si se cometió un delito.

En las destituciones, nadie va a la cárcel, nadie paga daños y perjuicios. Este tipo de juicio plantea una pregunta diferente. ¿Ha abusado el funcionario de la confianza pública de tal manera que permanecer en el cargo amenaza la gobernanza constitucional? Esa determinación requiere un juicio político informado por consideraciones éticas, responsabilidad pública y gobernanza práctica. 

El conocimiento legal ayuda, pero no es obligatorio. 

Por eso la postura del senador Lacson se acerca más a lo que la Constitución prevé. Un senador sentado en un tribunal de destitución no actúa como juez de primera instancia en un tribunal ordinario. Los abogados preguntan: “¿Qué delito se cometió?”. Los no abogados preguntan: “¿Se sirve al público permitiendo que el funcionario permanezca en el cargo?” 

Estas preguntas pueden superponerse, pero no son idénticas. Por ejemplo, un funcionario puede participar en conductas que son profundamente corrosivas para el gobierno constitucional sin violar ninguna ley penal. Por el contrario, un funcionario podría cometer una infracción legal que no justifique su destitución. 

Las instituciones representativas están mejor preparadas que los tribunales para procesar estas preguntas porque rinden cuentas directamente a los votantes. La confianza pública, la credibilidad y la traición son estándares que desafían el encuadre legal convencional, pero resultan naturales para quienes están sintonizados con la política. Por lo tanto, los miembros del Colegio de Abogados no deberían reprender a los senadores por hacer preguntas que parecen fuera de lugar en una sala de audiencias porque, precisamente, el Senado no es una sala de audiencias.

“¿Cómo ha dañado esta conducta la confianza pública?” o “¿Permitir este comportamiento establecería un precedente peligroso?”. Cuando los senadores hacen estas preguntas, intentan alinearse estrechamente con el verdadero propósito de la destitución. Por otro lado, si los senadores abordan la destitución como un litigio judicial, pueden aplicar inadvertidamente el marco de toma de decisiones incorrecto. 

“Pati kaming senator-judge gusto rin naming makita itong mga proceedings, yung mga ebidensiya na mas madali ring maintindihan.” El senador Aquino refleja con precisión lo que la Corte Suprema ha estado diciendo durante décadas. Incluso para los juicios normales, ha advertido a los abogados que dejen de convertir el litigio en “un juego de tecnicismos”.

De hecho, las actuales reglas de procedimiento han sido revisadas para alejarse del enfoque anticuado que a menudo se retrata en películas o televisión. La evolución se inclina hacia reglas más permisivas seguidas en el arbitraje y la resolución alternativa de disputas.

Cuando el presidente de la sesión, el senador Chiz Escudero, recordó a todas las partes que permitieran a cada lado presentar su caso porque el otro lado tendrá su turno, también se estaba alineando con este principio. Como cualquiera que practique arbitraje puede atestiguar, los tribunales prefieren escuchar lo que tiene que decir un testigo, no ver a los abogados argumentar durante horas.    

Los abogados tienen un papel clave en las destituciones. El debido proceso lo exige. Sin embargo, cuanto más dirigidos por abogados se vuelven los procedimientos de destitución, menos efectivos son para lograr el propósito constitucional previsto. Para ser justos, los abogados no pueden evitarlo. Como pueden atestiguar mis hijos, estamos entrenados para enmarcar cualquier encuentro como un juicio penal. Estamos entrenados para magnificar la más mínima ambigüedad, en lugar de preguntar: “¿Qué pasó realmente?”. Cuando se nos pregunta: “¿Por qué llegas tarde?”, pedimos que la palabra “tarde” se defina primero con suficiente precisión.

La solución es la moderación. 

Por lo tanto, la súplica del senador Aquino es tanto oportuna como necesaria. Nueve horas para presentar un testigo. El camino para llegar a la verdad no debería ser tan difícil. Con el público mirando, imagínese cuántos de ellos terminan aún más frustrados con el sistema legal. 

Un amigo mencionó que si esto es lo que se considera normal en los tribunales, no es de extrañar que tantos prefieran atajos legales. La mejor manera de recuperar el respeto por la profesión legal es mostrar al público cómo sus miembros ayudan a los procesos constitucionales, no cómo los entorpecen. 

Los juicios de destitución se benefician de las normas legales, pero deben resistirse a ser paralizados por ellas. “Judicializar” la destitución corre el riesgo de olvidar que el juez más importante ni siquiera está dentro del Senado. Y, según el punto del senador Lacson, esta forma de juicio democrático no requiere una licencia del Colegio de Abogados.

Los abogados pueden deleitarse en el procedimiento, pero el público juzga políticamente. Los ciudadanos evalúan la confianza, la legitimidad y el abuso de poder. No se fijan en escuelas de interpretación legal, admisibilidad o estándares de prueba. La historia muestra que cuando el Senado olvida esto, el público no dudará en enviar un recordatorio. – Rappler.com