Tapalpa: mataron a El Mencho, dejaron escapar las pruebas

La Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Ernestina Godoy Ramos, emitió ayer un comunicado para explicar por qué las cabañas de un club en Tapalpa, Jalisco, donde fue mortalmente herido el fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio el Mencho Oseguera Cervantes, quedaron sin custodia tras el operativo del 22 de febrero. Lo que dice es preocupante.

La FGR argumenta que, tras el enfrentamiento en un "campo abierto, despoblado y alejado" del sitio, el Mencho y uno de sus principales subordinados fueron trasladados de emergencia a un hospital en helicóptero, pero murieron a bordo. Los elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano se replegaron porque, según la FGR, el lugar “no ofrecía condiciones mínimas de seguridad” para el personal ministerial y pericial. Pero si el gobierno tuvo la inteligencia, la logística y el poder de fuego para capturar al criminal más buscado del mundo, ¿como es que no tuvo —o no quiso tener— la capacidad de custodiar los inmuebles donde el Mencho se ocultaba? Si la zona era demasiado peligrosa para los peritos, ¿cómo no lo fue para el operativo? El comunicado no lo explica, como si la contradicción no existiera.

Luego se explica lo peor. Sin custodia oficial, periodistas y camarógrafos ingresaron libremente a los seis inmuebles. Recorrieron las cabañas, filmaron videos, tomaron fotos y luego publicaron imágenes de artículos de lujo, armamento y documentos con listas de policías y funcionarios incluidos en una supuesta nómina del Mencho. La cadena de custodia se rompió desde el momento en que la autoridad no resguardó las cabañas. La FGR admite que no puede determinar si esos indicios “públicamente señalados” realmente estaban ahí ni si alguien los preservó correctamente. Todo, dice, pudo haberse contaminado. Nadie discute eso. Lo que se discute es quién permitió que ocurriera.

Bajo el Sistema Penal Acusatorio, una evidencia que no fue embalada y custodiada por la autoridad desde el primer minuto no vale nada en un juicio. Cualquier abogado defensor la pulveriza: si nadie la resguardó oficialmente, pudo haber sido plantada, alterada o fabricada. La contaminación que la Fiscalía admite es, para efectos prácticos, la absolución anticipada de quien aparezca en esos documentos. Quizás ahí estaban las claves financieras y políticas del CJNG. Ya nunca lo sabremos con certeza jurídica.

Luego viene la parte más absurda del comunicado. La FGR anuncia que investiga si algún servidor público incurrió en irregularidades por no preservar el sitio. Pero en el mismo documento explica que la zona no tenía condiciones mínimas de seguridad para su personal. ¿Entonces? Si nadie podía quedarse sin poner en riesgo su vida, no hay irregularidad que investigar ni funcionario al que señalar. La investigación nace muerta.

El comunicado FGR 141/26 retrata a un gobierno que se llevó el trofeo al matar al Mencho e ignoró la evidencia que podría haberse utilizado para desmantelar judicialmente la estructura del cártel, probar en un tribunal a quién financiaba el CJNG y desde dónde. Para eso requería evidencia custodiada. El gobierno capturó y mató al criminal. Después de eso, al parecer, no le preocupó en lo más mínimo lo demás.

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