Registran alza de 68.2% en violencia letal en una década

Entre 2015 y 2025 la violencia letal acumulada aumentó 68.2%, pese a la reducción de 8.6% observada entre 2024 y 2025; así lo advirtió el estudio “Violencia en México, 2015–2025: análisis de los datos y propuestas para la paz”, presentado por México Evalúa.

Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de la ONG, subrayó que analizar únicamente el homicidio doloso ofrece una visión parcial, ya que existen distorsiones en los registros oficiales, malas prácticas de clasificación y estrategias del crimen organizado —como la desaparición de cuerpos— que alteran las estadísticas.

“Los datos oficiales no son perfectos, pero son el punto de partida para mejorar la medición y la rendición de cuentas”, señaló durante la presentación del documento.

Por ello, el estudio integró en un sólo indicador distintas expresiones de violencia letal, como feminicidio, homicidio doloso y culposo, desapariciones y otros delitos contra la vida, con el objetivo de ofrecer un diagnóstico más amplio y reducir sesgos de subregistro.

Según la información, mientras que en el corto plazo se observan avances, la comparación de largo plazo revela un deterioro sostenido. Las desapariciones crecieron 212.9% en la última década y otros delitos contra la vida se incrementaron 368%, lo que, la organización consideró que sugiere cambios en las dinámicas de violencia y posibles distorsiones en la clasificación de muertes violentas.

En el mismo periodo, el feminicidio, aunque presentó una reducción en 2025 respecto al año previo, se ubicó 68.5% por encima de los niveles registrados en 2015, con 721 víctimas contabilizadas.

Mientras que, el homicidio doloso mostró una caída de 22.2% en el último año, pero el estudio precisó que las víctimas de este delito han incrementado un 30.7% en comparación con hace 10 años.

Para el 2025, 19 entidades federativas superaron el umbral de 11 homicidios por cada 100,000 habitantes, considerado un indicador de violencia letal epidémica. En contraste, estados como Yucatán, Tlaxcala y Coahuila mantuvieron las tasas más bajas del país, mientras que Baja California, Sinaloa y Morelos concentraron las más altas.

Respecto al homicidio culposo, el coordinador alertó sobre un crecimiento anómalo de largo plazo, inusual para un delito asociado principalmente a accidentes. En entidades como Michoacán y Zacatecas, las tasas de homicidio culposo superan incluso a las de homicidio doloso, lo que podría indicar problemas graves de clasificación y medición en contextos de violencia criminal intensa.

Vargas advirtió que los promedios nacionales ocultan dinámicas locales profundamente distintas, por lo que la violencia no se comporta de manera homogénea en el territorio.

Apertura del gobierno y nuevo registro delictivo

En el plano institucional, el reporte destacó señales de apertura del gobierno federal hacia la sociedad civil. Como ejemplo, se mencionó el Encuentro con Analistas de Seguridad realizado el 28 de enero, donde el SESNSP, bajo el liderazgo de Marcela Figueroa, presentó el Registro Nacional de Incidencia Delictiva, que comenzará a generar información pública a partir de febrero de 2026. y donde organizaciones como México Evalúa, MUCD, Causa en Común y el Observatorio Nacional Ciudadano participaron con observaciones metodológicas.

Gobernanza y focalización

Dicho análisis plateó tres posibles ejes centrales de política pública, la primera fue la gobernanza permanente y multisectorial para mejorar la medición de la violencia letal, armonizar criterios entre policías y fiscalías, transparentar microdatos territoriales y evaluar políticas con evidencia. Realizar mesas de coordinación con autoridades, sector empresarial, sociedad civil y academia.

La seguda son políticas diferenciadas por delito y territorio, en donde se reconozca que los delitos no responden a las mismas causas ni incentivos. La ONG recomendó diseñar intervenciones focalizadas, con métricas específicas y diagnósticos locales, evitando enfoques uniformes que resultan ineficaces.

Finalmente, recomienda una estrategia integral de seguridad basada en evidencia y énfasis local, que combine inteligencia contra el crimen organizado con fortalecimiento institucional —especialmente de policías municipales— y prevención social en dimensiones situacionales, comunitarias y sociales.

Además, entre los instrumentos propuestos destacan la creación de una Política Criminal de Estado, el rediseño de fondos de seguridad para fortalecer capacidades locales, un Plan Nacional de Prevención Integral, y la adopción de estándares laborales y de profesionalización para policías.

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Gráfico EE