La Legislatura de California comenzará a debatir una propuesta que podría modificar los criterios de contratación en dos áreas clave del sector público: la seguridad y la educación. Se trata del proyecto de ley AB 1627, presentado por la asambleísta Anamarie Ávila Farías, que busca establecer nuevas restricciones para el acceso a cargos de personas que hayan trabajado para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Qué establece el proyecto AB 1627 y a quiénes alcanzaría

• El proyecto AB 1627, también identificado como The Melt Ice Act, fue introducido formalmente el 26 de enero de 2026 y tuvo su primera lectura ese mismo día en la Asamblea estatal.
• Desde el punto de vista normativo, propone incorporar nuevas causales de inhabilitación para el empleo público en áreas consideradas sensibles.

En el ámbito de la aplicación de la ley, el texto señala que no podrán ser designadas como oficiales de paz aquellas personas que hayan prestado servicios en el ICE entre el 1° de septiembre de 2025 y el 20 de enero de 2029.

La prohibición no se limita a funciones policiales estatales o locales, sino que abarca cualquier cargo reconocido bajo la categoría de oficial de paz en la legislación californiana.

En paralelo, la iniciativa amplía estas restricciones al sistema educativo público. La norma, de aprobarse, impediría que quienes cumplan con los antecedentes laborales señalados puedan ejercer como maestros, directores, superintendentes, cancilleres u otros cargos administrativos en distritos escolares, escuelas chárter, colegios comunitarios y en los sistemas de la Universidad de California y la Universidad Estatal de California.

Los argumentos de la asambleísta Ávila Farías

La justificación del proyecto se apoya en una serie de hallazgos legislativos incorporados al texto de la iniciativa. Según estos fundamentos, determinadas prácticas atribuidas al ICE a partir de 2025 habrían generado preocupación en torno al respeto de derechos constitucionales y al trato hacia residentes del estado, tanto ciudadanos como no ciudadanos.

La normativa sostiene que la experiencia laboral en la agencia por conductas abusivas resulta incompatible con funciones que requieren altos niveles de confianza pública.

En particular, se enfatiza que maestros y agentes de seguridad cumplen roles no supervisados de manera permanente, lo que exige, según el texto, criterios estrictos de idoneidad ética y profesional.

“Los agentes de paz y los maestros de California deben ser guardianes de los derechos constitucionales, no partícipes de su erosión”, dijo Ávila Farías en un comunicado. “¡Este proyecto de ley busca proteger al público y restaurar la confianza!”, aseguró.

Alcance temporal y agencias incluidas en la propuesta

La AB 1627 delimita de manera precisa el período de tiempo que activa la descalificación. En el caso del ICE, se establece como ventana el lapso comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 20 de enero de 2029, fecha que coincide con el final del mandato presidencial de Donald Trump.

Además del ICE, la iniciativa menciona a los departamentos de correcciones de los estados de Alabama y Georgia.

Las personas que hayan trabajado en esas instituciones entre el 1° de enero de 2020 y el 1° de enero de 2026 también quedarían inhabilitadas para ocupar los cargos contemplados en el proyecto de ley.

La inclusión de estas agencias se basa, según el proyecto, en investigaciones que habrían documentado abusos sistemáticos y prácticas de castigo consideradas incompatibles con los estándares que California exige para sus empleados públicos.

¿Qué necesita el proyecto AB 1627 para convertirse en ley?

Actualmente, el proyecto AB 1627 se encuentra en una fase inicial del proceso legislativo. Tras su introducción y primera lectura, fue enviado a impresión y quedó habilitado para su análisis en comités a partir del 26 de febrero de 2026.

Según los registros técnicos, ha avanzado aproximadamente un cuarto del recorrido necesario dentro de la Asamblea.

Para convertirse en ley, la iniciativa debe superar varias instancias. En primer lugar, deberá ser evaluada y aprobada por los comités correspondientes, incluidos aquellos con competencia fiscal, ya que el proyecto contempla posibles costos para el Estado y los distritos educativos.

Luego, deberá ser sometido a votación en el pleno de la Asamblea y obtener mayoría simple. En caso de ser aprobado, el texto pasará al Senado de California, donde deberá atravesar un proceso similar de comités y votación.

Si ambas cámaras aprueban la propuesta en idénticos términos, el proyecto será enviado al gobernador Gavin Newsom. El mandatario podrá firmarlo, vetarlo o permitir que se convierta en ley sin su firma dentro de los plazos establecidos por la Constitución estatal.