Revelan que Argentina negocia con EE.UU. un acuerdo para recibir deportados pero el Gobierno lo desmiente

Una investigación publicada este viernes por The New York Times sacudió la agenda diplomática al asegurar que el Gobierno argentino se encuentra en negociaciones con la administración de Donald Trump para recibir a inmigrantes deportados desde los Estados Unidos, funcionando como un tercer país de acogida en la región.

Según detalla el diario estadounidense, la Casa Blanca busca socios estratégicos en el hemisferio sur para derivar el flujo de indocumentados que planea expulsar en esta nueva etapa de gestión.

La propuesta implicaría que Argentina abra sus puertas no a ciudadanos argentinos repatriados, sino a migrantes de otras nacionalidades que Washington no puede o no quiere devolver a sus países de origen.

La publicación destaca que esta maniobra se enmarca en la política de “mano dura” migratoria que el líder republicano prometió durante su campaña y que está ejecutando con celeridad.

Para Estados Unidos, encontrar destinos alternativos para los deportados es crucial, especialmente cuando se trata de personas provenientes de naciones con las que no tiene relaciones diplomáticas fluidas o logística de retorno segura.

Desde la óptica del Gobierno de Milei, el Times sugiere que la motivación principal es geopolítica. La Casa Rosada vería en este acuerdo una oportunidad inmejorable para estrechar lazos con la potencia del norte, reafirmando el alineamiento irrestricto con las políticas de Washington. A cambio, se especula con que esta cooperación podría destrabar apoyos financieros o políticos en organismos multilaterales.

El reporte indica que las conversaciones giran en torno a la recepción de ciudadanos de terceros países, como venezolanos, cubanos o haitianos. Al enviarlos a Argentina en lugar de a sus países natales, Estados Unidos lograría acelerar los procesos de expulsión sin enfrentar las trabas burocráticas o humanitarias que suelen frenar estas medidas en sus propias cortes.

Aunque no se han oficializado cifras ni montos, este tipo de tratados internacionales —conocidos a veces como de “tercer país seguro”— suelen venir acompañados de asistencia económica. Estados Unidos podría ofrecer fondos para financiar la logística de recepción, seguridad e integración de los deportados, intentando mitigar el costo fiscal para el país receptor.

La implementación de un esquema de estas características genera interrogantes sobre la capacidad de infraestructura y seguridad local para gestionar la llegada de contingentes expulsados por las fuerzas de seguridad norteamericanas.

Por el momento, el New York Times aclara que las negociaciones están en curso y no hay un documento final firmado. Sin embargo, la sola existencia de estas tratativas demuestra la voluntad de Milei de jugar un rol activo en la agenda doméstica de Trump, posicionando a la Argentina como un aliado dispuesto a colaborar en los temas más sensibles de la política estadounidense.

De concretarse, Argentina se sumaría a una lista corta de países que han aceptado colaborar con los planes de deportación masiva de Estados Unidos. Resta saber cuál será la reacción del arco político local y si el acuerdo deberá pasar por el Congreso, dado que compromete recursos y soberanía en materia de control de fronteras y población.

El Gobierno de Milei no confirmó el acuerdo con Trump por los deportados de Estados Unidos

Horas después de publicarse la investigación de The New York Times, fuentes del gobierno argentino dejaron trascender que si bien hubo algunos sondeos y conversaciones con la administración de Donald Trump, está totalmente descartada la posibilidad de avanzar en un acuerdo para que Argentina reciba a migrantes deportados por Estados Unidos.

De hecho, en el transcurso de la tarde del viernes, el presidente Javier Milei fue categórico al compartir en X un tuit que aseguraba que la publicación del medio estadounidense es “información 100% falsa”.

Según trascendió, la evaluación del proyecto llevada adelante por el Gobierno argentino llegó a la conclusión de la inviabilidad por razones de alto costo político y operativo en el frente interno-incluyendo cuestiones administrativas, migratorias, penitenciarias, de seguridad, de derechos humanos- a pesar de que la propuesta de Washington incluía el financiamiento total para la construcción de las cárceles donde serían alojados los deportados desde Estados Unidos, en un esquema similar al que funciona en El Salvador.