El inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, programado para el domingo 1 de febrero, vuelve a poner sobre la mesa uno de los cambios laborales más esperados en México: la reducción de la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas. Legisladores de Morena señalaron que existe un acuerdo político para que el tema se discuta durante febrero, aunque, por ahora, eso no equivale a una aprobación automática.
Legisladores de Morena informaron que, tras reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, se acordó que la reforma de la jornada laboral será uno de los primeros asuntos a desahogar en este nuevo periodo legislativo. Sin embargo, el propio antecedente del proceso muestra que la discusión ha sido postergada antes y que el consenso sigue siendo una condición central.
Morena coloca la reducción de la jornada entre sus prioridades legislativas del periodo
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, coinciden en que la reducción de la jornada laboral a 40 horas forma parte del paquete prioritario para el periodo que inicia en febrero, según un reporte de El Financiero. Castillo señaló que, además de reformas en materia electoral, se contempla avanzar en la jornada laboral y en otros temas como los jueces sin rostro.
En la misma línea, el Grupo Parlamentario de Morena presentó una agenda legislativa centrada en bienestar y derechos, donde la reforma laboral aparece como uno de los ejes principales. En un comunicado difundido desde San Lázaro se establece que la revisión de esta agenda se realizará en la plenaria del grupo parlamentario el domingo 1 de febrero, como paso previo al inicio formal de los trabajos legislativos.
Qué plantea la iniciativa de las 40 horas y cómo sería su aplicación gradual
La propuesta de reforma establece que la jornada de 40 horas quedaría definida tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo, sin reducción de salarios ni prestaciones. También incluye la prohibición de horas extra para menores de edad y mantiene el carácter voluntario del tiempo extra, que se pagaría al doble o al triple en los primeros casos establecidos por la ley.
Uno de los puntos centrales es su implementación gradual. El año 2026 funcionaría como periodo de transición, con la primera reducción efectiva en enero de 2027. A partir de ahí, la jornada disminuiría dos horas por año hasta llegar a las 40 horas semanales en 2030. En ningún caso, la suma de horas ordinarias y extraordinarias podría superar las 12 horas en un solo día.
El papel del Ejecutivo y el énfasis en el consenso con empresarios y sindicatos
Como anunció la presidenta Claudia Sheinbaum en diciembre, el proyecto de reforma fue construido tras mesas de trabajo con empresarios, sindicatos, académicos y representantes de la sociedad civil. El Ejecutivo ha insistido en que la reducción de la jornada debe avanzar por consenso y de manera gradual, para evitar impactos negativos en la productividad o en las pequeñas empresas.
En ese mismo anuncio se detalló que la reforma incluiría un registro electrónico de la jornada laboral, emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para vigilar el cumplimiento de las horas ordinarias y extraordinarias. El compromiso es que el cambio se traduzca en mejores condiciones laborales sin afectar el ingreso de las personas trabajadoras.
De la expectativa a la cautela: febrero abre la discusión, no garantiza el resultado
La propia presidenta confirmó en noviembre que la discusión y votación de la reforma se moverían a 2026, precisamente para evitar una aprobación sin acuerdos amplios. En ese momento, se dejó claro que el documento podría hacerse público antes, pero que su votación quedaría para el nuevo periodo legislativo.
El impacto potencial de esta reforma es amplio: alrededor de 30 millones de trabajadores en México laboran más de 40 horas a la semana, en un país que registra más de dos mil 193 horas trabajadas al año, muy por encima del promedio de la OCDE.
