El inicio de la gestión de Zohran Mamdani al frente de la Alcaldía de Nueva York estuvo marcado por una señal política clara en uno de los temas más sensibles para quienes viven en la ciudad: la vivienda. En su primer día en el cargo anunció y firmó una serie de medidas que apuntan de manera directa a la protección de inquilinos, al control de propietarios negligentes y a la ampliación de la oferta habitacional.
El alcalde presentó un paquete de acciones que combinó un refuerzo institucional, intervenciones directas frente a casos graves de abuso inmobiliario y la creación de nuevas estructuras para acelerar la construcción de viviendas.
En el anuncio oficial, realizado en un edificio perteneciente a Pinnacle Realty, Mamdani comunicó la revitalización de la Oficina del Alcalde para Proteger a los Inquilinos y la designación de Cea Weaver como su directora.
El alcalde también informó una decisión inédita: la intervención de la Ciudad de Nueva York en el proceso de bancarrota de Pinnacle Realty, un propietario responsable de más de 5000 infracciones habitacionales y alrededor de 14.000 quejas en 83 edificios.
Según se explicó en el comunicado, la ciudad actuó como acreedora y parte interesada, con el objetivo de obtener alivio inmediato para los inquilinos y mejorar las condiciones de vida en propiedades marcadas por años de abandono.
Durante la recorrida por uno de los departamentos, Mamdani describió escenas de paredes rotas, pisos dañados y falta de calefacción, situaciones que, según remarcó, se repitieron en miles de hogares. “No vamos a esperar para actuar. Vamos a pararnos del lado de los inquilinos de esta ciudad”, afirmó el alcalde.
La Orden Ejecutiva 03 formalizó uno de los pilares del nuevo enfoque habitacional: el relanzamiento de la Oficina del Alcalde para Proteger a los Inquilinos, creada originalmente en 2019 pero, según el texto oficial, desfinanciada y relegada en años recientes. La medida tiene como objetivo convertir a este espacio en un eje coordinador de todas las políticas municipales orientadas a la defensa de los derechos de quienes alquilan.
La orden estableció que la oficina coordinará esfuerzos entre agencias municipales para responder con mayor rapidez a situaciones de riesgo, abusos reiterados y condiciones ilegales.
Entre las funciones asignadas se incluyeron:
Otro aspecto clave de la orden fue la obligación de cooperación de múltiples dependencias municipales, desde Vivienda y Preservación hasta Salud, Finanzas y la Oficina de Análisis de Datos. Este esquema busca evitar respuestas fragmentadas y mejorar la relación entre los residentes y el gobierno local, un punto que el texto destacó como un criterio central para evaluar la gestión.
La Orden Ejecutiva 04 apuntó a uno de los factores estructurales de la crisis: la escasez de viviendas disponibles. El texto recordó que la tasa de vacancia se ubicó en apenas 1,4%, el nivel más bajo desde 1968, y sostuvo que la ciudad debía utilizar de manera estratégica los terrenos bajo su control para revertir esa situación.
Para ese fin, la orden creó el grupo de trabajo LIFT (Land Inventory Fast Track), encargado de identificar y acelerar proyectos habitacionales en tierras municipales. Este equipo interagencial quedó bajo la órbita de la vicealcaldesa de Vivienda y Planificación y reunió a organismos clave como Vivienda y Preservación, Planificación Urbana, Edificios y la Corporación de Desarrollo Económico.
El mandato del grupo incluyó la revisión de propiedades públicas en los cinco distritos, con el objetivo de detectar aquellas aptas para el desarrollo residencial sin afectar servicios esenciales. La orden fijó una meta concreta: identificar, antes del 1° de julio de 2026, terrenos capaces de sostener al menos 25.000 nuevas unidades habitacionales en los próximos diez años.
La Orden Ejecutiva 05 se enfocó en los obstáculos administrativos que, según el diagnóstico oficial, encarecieron y demoraron la construcción de viviendas asequibles. El texto señaló que los procesos de permisos, financiamiento y aprobación influyeron de manera directa en la disponibilidad de hogares accesibles.
Para abordar ese problema, la orden creó el grupo de trabajo SPEED (Streamlining Procedures to Expedite Equitable Development), co-presidido por las vicealcaldías de Vivienda y Planificación y de Operaciones.
Este equipo reunirá a múltiples agencias municipales y abrirá la puerta a la participación de entidades estatales y empresas de servicios públicos.
El objetivo central del grupo consiste en identificar normativas y procedimientos que ralentizaron la producción de viviendas, desde la etapa previa a la certificación hasta la comercialización y el alquiler de las unidades. La orden dispuso que el equipo presente un primer conjunto de recomendaciones al alcalde dentro de los 100 días posteriores a su creación.


